Ley de Amnistía beneficiaría a 6 mil 200 personas: Segob

La Ley de Amnistía podría beneficiar a por lo menos 6 mil 200 personas que están privadas de la libertad por delitos menores, aseguró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

“Ya hemos hecho una estadística, saldrán alrededor de 6 mil 200 personas, si es que son aprobadas por la Comisión que se creara de efecto, y el juez de distrito es el que resolverá”, detalló la encargada de la política interna del país

En conferencia, la funcionaria señaló que una vez que la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa enviada por el titular del Poder Ejecutivo, espera que el Senado de la República haga lo propio en los mismos términos; esto en el primer trimestre de 2020.

Asimismo, indicó que es mentira que vayan a ser liberados 300 mil presos, pues dijo que ni siquiera a ese número asciende la población penitenciaria en México.

Aseguró que hasta ahora estados como Hidalgo, Oaxaca, Estados de México, Chiapas y Veracruz ya han tenido acercamientos con la dependencia para poder replicar esta ley.

Detalló que se beneficiarían los que enfrenten acusaciones por aborto, homicidio en razón de parentesco y delitos contra la salud, siempre y cuando sean personas en situación de pobreza, indígenas o afromexicanas y consumidoras si la cantidad poseída de narcóticos no es superior a dos tantos de la dosis máxima autorizada por ley y si no hay fines de distribución o venta.

No podrán verse beneficiadas por la ley personas que hayan cometido delitos contra la vida y la integridad corporal, secuestro, que hayan utilizado armas de fuego o los que estén contemplados en el artículo 19 constitucional o que sean graves en el ámbito federal.

“Puedo decirles que no serán beneficiados por esta ley, el abuso o la violencia sexual en contra de menores o mujeres, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, tarta de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Sánchez Cordero confió en que en el primer trimestre de 2020 culmine la aprobación de esta ley en el Congreso de la Unión, pues esta iniciativa busca subsanar la injusticia que provoca la pobreza, la marginación y la exclusión social provocando que mujeres jóvenes e indígenas estén en prisión por delitos menores.

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lhp