SCJN invalida decreto que clasificaba obras públicas como asunto de seguridad nacional
Con 8 votos a favor y 3 en contra, la SCJN declaró procedente la controversia constitucional del INAI contra clasificar obras públicas como seguridad nacional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó este jueves 18 de mayo de 2023, el decreto del gobierno federal en el que se consideran las obras de infraestructura del Gobierno de México como de seguridad nacional tras señalar que se afecta el derecho a la transparencia y acceso a la información.
Por mayoría de votos, la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, la SCJN le dio la razón este jueves al Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ( INAI ) y concluyó que es inconstitucional dicho decreto.
El ministro señaló que el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), es inconstitucional debido a su amplitud y ambigüedad, lo cual obstaculiza e inhibe el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto a las obras aprobadas por el Gobierno de México.
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Es inconstitucional este acuerdo, porque su amplitud y su ambigüedad obstaculizan e inhiben el acceso a la información de toda la ciudadanía respecto de las obras del Gobierno de México. Además, tal como está formulado, el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos y que tiene como objetivo permitir un control ciudadano sobre este objetivo
-indicó el ministro González Alcántara Carrancá.
De acuerdo con lo previsto, este próximo lunes 22 de mayo de 2023, el pleno analizará los alcances de su decisión.
🚨 #AlertaADN
— adn40 (@adn40) May 18, 2023
El @INAImexico reconoce el fallo de la @SCJN a favor del derecho al acceso a la información sobre el decreto que incluye como tema de seguridad nacional los megaproyectos y obras del Gobierno Federal pic.twitter.com/KzCBapn5cw
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El decreto anulado por la SCJN no permitía entregar información sobre el desarrollo de obras
Es importante mencionar que el decreto que emitió el Ejecutivo Federal, declaraba de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México.
Esto permitía no entregar información sobre el desarrollo de las obras y excluía la obligatoriedad de hacer licitaciones para el otorgamiento de los contratos para obras públicas como el Tren Maya, AIFA, la refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico.
Tenemos aquí, como ya se ha mencionado, telecomunicaciones, aduanero, hidráulico, salud. Esto anula las mejores prácticas en materia de transparencia institucional. No hay un margen claro de qué hacer, ni para los servidores públicos involucrados ni para la sociedad, ni para la información
-señaló el ministro.
Vale la pena mencionar que con 8 votos a favor y 3 en contra, que la SCJN declaró procedente la controversia constitucional del INAI contra clasificar obras públicas como seguridad nacional.
AMLO publica decreto para catalogar obras del Gobierno como de Seguridad Nacional
El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la tarde de este 18 de mayo un decreto en el Diario Oficial de la Federación para establecer como de carácter nacional el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la refinería de Dos Bocas, entre otros proyectos.
Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto
-señaló este nuevo decreto.
Este decreto sale el mismo día que la Suprema Corte invalidó un acuerdo similar publicado el 22 de noviembre de 2021, por considerar que implicaba ampliar el supuesto de reserva de información mediante un acto administrativo, y no por ley, contraviniendo la Constitución.
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