En octubre, la Cámara de Diputados aprobó una reforma estructural a las leyes fiscales y dictaminó leyes que combaten a las empresas fantasma y la defraudación fiscal con facturas falsas, por lo que este delito pasó al catálogo de los crímenes de delincuencia organizada, ya que se considera como amenaza a la seguridad nacional, los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa.
